Aun sin planes de abrir oficina de Profeco en Tulum

TULUM, 3 de mayo.- Pese a la necesidad existente en la cabecera del noveno municipio, la cual en los últimos años ha registrado un crecimiento poblacional notable, hasta ahora aun no existen planes de abrir una oficina de representación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tulum, por lo que ante la ausencia de una autoridad regulatoria en materia comercial, los prestadores de diversos servicios aprovechan para hacer su “agosto” con los consumidores.

Aunque en su momento se dio a conocer el proyecto de la apertura de una oficina en Tulum, la cual estaba por materializarse, hasta este momento no se ha logrado concretar nada, por lo que aquellas personas que son objeto de algún tipo de abuso por parte de los comercios se ven en la necesidad de viajar hasta Playa del Carmen a interponer su respectiva queja, lo que repercute en gastos de traslado que provienen directamente del bolsillo del o los afectados.

Y es que, al no contar con una oficina o módulo fijo de la dependencia federal en la cabecera del noveno municipio, los habitantes de la misma permanecen en la indefensión de sus derechos como consumidores, pues al no tener la presencia de un órgano que vigile el comportamiento comercial, los comerciantes y prestadores de servicios en general pueden incurrir en practicas abusivas que lesionen la economía de los ocupantes de dichos servicios.

Mientras tanto, las denuncias que la dependencia federal recibe y que corresponden a casos que provienen de Tulum, se las hacen vía telefónica o por medio de las redes sociales, por lo que en esos casos es cuando este órgano manda a sus inspectores a hacer las respectivas verificaciones que hayan incurrido en alguna infracción y en su caso, iniciarles procedimientos administrativos.

Ciudadanos tulumnenses han expresado en incontables ocasiones la necesidad que en la cabecera del noveno municipio se cuente con la representación de la Profeco, a fin de evitar que los comercios y prestadores de servicios en general incurran en practicas abusivas que atenten contra los derechos del consumidor.